Un vídeo electoral muestra a una persona diciendo algo que nunca ha dicho. Su rostro y su voz parecen auténticos, pero han sido generados mediante inteligencia artificial. ¿Estamos ante una parodia política o una falsificación destinada a engañar a los votantes?
Rafael Rubio, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, comenta este tema en el artículo «Deepfakes en campaña: cuando la ley llega tarde», publicado por El Mundo el 4 de noviembre de 2026.
El punto de partida es una controversia española. El Partido Popular difundió un vídeo satírico en el que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, hacía declaraciones que nunca había pronunciado. Sus autores indicaron que se había utilizado inteligencia artificial y, según Rubio, el carácter paródico resultaba evidente. Sin embargo, el vídeo provocó una denuncia.
Es un fenómeno presente hoy en muchos países. En Eslovaquia, un audio falso atribuyó al líder de la oposición una conversación sobre compra de votos poco antes de unas elecciones. En Estados Unidos, llamadas telefónicas que imitaban la voz de Joe Biden animaron a los electores demócratas a no votar en unas primarias. También se han registrado episodios semejantes en Irlanda y Brasil.
La tecnología hace cada vez más difícil distinguir entre una representación humorística y una suplantación engañosa. Una grabación concebida como sátira puede ser recortada, compartida sin explicaciones y presentada como si fuera auténtica.
Pero los riesgos de la inteligencia artificial en las campañas van más allá. Rubio advierte de que estas herramientas permiten analizar grandes cantidades de conversaciones, identificar preocupaciones de los ciudadanos y producir mensajes políticos personalizados a una escala antes inimaginable. También facilitan la creación de cuentas automatizadas capaces de simular apoyos y rechazos.
¿Cómo regular estas prácticas sin limitar la libertad de expresión?
Brasil ofrece una experiencia significativa. Su autoridad electoral ha establecido normas específicas para los contenidos políticos generados mediante inteligencia artificial. Sin embargo, según los datos de la agencia de verificación Lupa, durante la campaña se identificaron 1.423 contenidos electorales creados o alterados con IA, entre ellos 716 deepfakes. Alrededor del 54 % carecía de la identificación obligatoria.
La legislación, por tanto, no basta por sí sola. Además, existe una dificultad temporal: los contenidos engañosos pueden difundirse en pocas horas, mientras que los procedimientos judiciales requieren semanas o meses. Cuando llega una resolución, las elecciones pueden haber terminado.
Rubio defiende que no debe prohibirse la inteligencia artificial en las campañas. La crítica y la parodia, incluso cuando resultan incómodas, forman parte de la libertad de expresión. Lo que debe perseguirse es el engaño deliberado y sistemático.
No es lo mismo difundir un vídeo en el que resulta evidente que se está caricaturizando a un político que fabricar una grabación aparentemente auténtica para atribuirle declaraciones que nunca hizo. El problema se agrava cuando una parodia circula fuera de su contexto original y se presenta como una grabación real.