El uso de drones ha trascendido los escenarios de guerra y comienza a ser un factor relevante en conflictos menores y operaciones de seguridad. Aunque estos dispositivos son herramientas eficientes en actividades humanitarias, su proliferación plantea serios riesgos para la seguridad, la privacidad y tranquilidad social.

Inicialmente desarrollados para uso agrícola, incendios, rastreo de personas perdidas, fotografías aéreas, ahora están presentes de manera importante en el ámbito militar. Los drones se emplean hoy en una amplia gama de operaciones, desde vigilancia hasta ataques estratégicos. Pero su uso ha crecido no sólo por parte de las fuerzas militares, sino también por parte de grupos insurgentes.

Según estadísticas recientes, más del 30% de las operaciones en zonas de conflicto emplean drones, aumentando la posibilidad de ataques dirigidos y controlados sobre determinados territorios. En Colombia, las FARC y otros grupos armados ilegales han adoptado el uso de drones comerciales modificados para realizar ataques. Compran drones comunes, que cuestan menos de 1.000 dólares y, con ciertas adaptaciones, los usan para lanzar explosivos. En lo que va de año, se han reportado al menos 19 ataques de este tipo, principalmente en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Putumayo y Caquetá. Lo que ha implicado riesgos no sólo en áreas de combate, sino también en zonas civiles vecinas.

Los expertos en Justicia y Fuerzas Armadas de Argentina, Gustavo Krasnansky y María Elena Rossi, subrayan cómo los drones permiten realizar ataques de alta precisión en zonas específicas, y cómo afectan psicológicamente a las poblaciones cercanas, que viven con la constante incertidumbre de una amenaza aérea “invisible”. Esta tecnología ha desdibujado las fronteras tradicionales entre campos de batalla y áreas civiles, convirtiéndose en un grande problema para la seguridad y paz social.

Fuera de los conflictos bélicos a gran escala, los drones también han encontrado aplicación en enfrentamientos menores y en seguridad nacional. En muchas regiones, la policía utiliza drones para la vigilancia urbana y control de multitudes, lo cual, aunque efectivo, suscita preocupaciones éticas. Según datos, el 15% de los departamentos policiales en países desarrollados ya utilizan drones en sus operativos diarios. Esta práctica plantea riesgos significativos, como la invasión de la privacidad y el uso excesivo del control, alimentando una sensación de “estado permanente de vigilancia”.

El avance y la proliferación de los drones representan un claro ejemplo de cómo la tecnología puede convertirse en un arma de doble filo. Si bien estas herramientas ofrecen ventajas estratégicas y operativas, también plantean riesgos significativos que afectan a la seguridad nacional, a la privacidad y a la paz social.

En un mundo donde las líneas entre los campos de batalla y las áreas civiles son cada vez más difusas, la comunidad internacional enfrenta un desafío urgente: establecer normativas claras y efectivas para evitar que esta tecnología siga siendo utilizada de manera indiscriminada. Solo mediante la cooperación global, la regulación ética y el desarrollo de tecnologías defensivas puede garantizarse que los drones sean una herramienta para el progreso y no una amenaza para la estabilidad social.