Luis Amaurys Díaz Parra

El periódico digital El Debate ha publicado una investigación sobre los casos de abusos cometidos en el ámbito de la Iglesia en España, realizada por la fundación Anar y Save the Children, según la cual se estima que el 0,2% del total de abusos han sido perpetrado por algún miembro de la Iglesia Católica, no necesariamente un clérigo.

Por otra parte, la Conferencia Episcopal Española (CEE) anunció el 22 de febrero que ha contratado a la firma de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, para que realicen una auditoria independiente sobre los casos de abusos. La CEE subraya que “este nuevo cauce de comunicación y denuncia es complementario al trabajo que ya se viene realizando en las oficinas de protección de menores abiertas en todas las diócesis españolas”.

Se pretende la elaboración de una completa documentación de todos los casos conocidos por distintas fuentes que hayan sido registrados hasta la fecha, sobre el que realizará un análisis de auditoría externa. El objetivo principal es el de la ayuda y reparación a las víctimas, así como la colaboración con las autoridades sobre los casos que afectan a la Iglesia en España. Durante la presentación de esta iniciativa se informó que “el trabajo tendrá toda la amplitud necesaria y previsiblemente formulará recomendaciones en relación con la reparación de las víctimas y la prevención de abusos en el futuro”.

Con ese fin, la Conferencia episcopal ha dispuesto revisar los aspectos jurídicos de la actuación de los organismos e instituciones religiosas encargados de la prevención y sanación de dichos casos. Se cuenta con un correo electrónico  de contacto para facilitar que familiares y víctimas puedan aportar denuncias e información: denunciaabusos @ cremadescalvosotelo.com.

En los últimos años, se ha elaborado una guía para el manejo de la acción y prevención de estos casos en las diócesis. En cada una de ellas se ha creado una oficina de información y acompañamiento, donde se ofrecen criterios de actuación ante una denuncias de abusos, documentación de estándares de ambientes seguros y los procedimientos de respuestas a acusación de abuso sexual.