Sorprende que la ley que limita la libertad de expresión en el tema del aborto, que el parlamento francés acaba de aprobar, no haya suscitado protestas entre los sectores políticos y culturales que deberían alzar su voz ante la imposición de una mordaza para quien cuestione la “verdad oficial”.

La ley extiende a Internet el delito de “obstrucción al aborto” (“délit d’entrave numérique”). Establece penas de hasta dos años de cárcel y 30 mil euros de multa para quien sea considerado culpable de difundir “afirmaciones o indicaciones tales que puedan inducir intencionalmente a error, con carácter disuasorio, sobre las características o las consecuencias médicas de la interrupción voluntaria del embarazo”. La promotora de la medida, la ministro socialista de la familia, Laurence Rossignol (en la foto), ha dicho que serán penalizados aquellos sitios de Internet que disimulen su oposición al aborto y se presenten como neutros.

Esta definición muestra un amplio margen de arbitrariedad, que refuerza el cariz ideológico de la medida. Cabría suponer que también se penalizará a aquellos sitios de Internet que promuevan el aborto y se presenten como neutros (pero de esto no se dice nada). Es una ley propia del clima de post-verdad característico del debate de los últimos meses, enriquecido por la misma ministro, que ha llegado a afirmar que el aborto no interrumpe una vida. Si algo está claro es que esta la ley -que será impugnada ante el Tribunal Constitucional- es una admisión de debilidad: se tambalea la fuerza persuasiva de los promotores del aborto y se recurre a medidas represivas. Lo dejo como posible tema para una tesis: sería interesante comparar los tonos de la web gubernamental del aborto con la web pro-life más significativa : de una primera ojeada, la del gobierno resulta la más militante, es una celebración del aborto.