Leonel Alberto Alfaro

El consumo de tabaco, considerado una “amenaza para el desarrollo humano” por la OMS, cobra más de 8 millones de vidas al año. La industria tabacalera enfrenta crecientes críticas éticas mientras los científicos destacan los peligros del tabaco, desencadenando una batalla por concienciar sobre sus riesgos. En América Latina, la industria ha sido criticada por realizar “donaciones” a gobiernos para mantener influencia y proteger intereses comerciales, a pesar del costo humano.

En un informe publicado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 2012, se detalló la intervención de la industria tabacalera en las políticas públicas para proteger sus intereses comerciales, bloqueando medidas que podrían reducir el consumo de tabaco y sus impactos negativos en la salud. Además, se resaltó el uso de acciones de “Responsabilidad Social” por parte de la industria como una estrategia para proyectarse como una entidad preocupada por el bienestar social y ambiental, a pesar de que sus productos causan millones de muertes y enfermedades, como el cáncer de pulmón y el cáncer de vejiga, cada año.

Phillip Morris International (PMI), la segunda empresa tabacalera más grande del mundo, ha puesto en marcha un proyecto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) mediante la creación y financiación total de una fundación denominada “Por un Mundo Sin Humo”, la cual tenía como objetivo combatir el consumo de tabaco. Sin embargo, la respuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue no implicarse en esta iniciativa, argumentando la existencia de un conflicto fundamental de intereses entre la industria del tabaco y la salud pública.

Durante la pandemia del COVID-19, las industrias tabacaleras promovieron el consumo de tabaco de manera sesgada, utilizando argumentos como “donaciones” y “pérdidas económicas”, además de sostener que el tabaco ayudaba a combatir el virus. Un estudio llevado a cabo por una coalición de instituciones académicas y organizaciones civiles en 2021 examinó la influencia de estas empresas en 18 países latinoamericanos durante esta crisis sanitaria, evidenciando su obstaculización en la implementación de regulaciones para abordar la situación.

En noviembre de 2023, el grupo Stopping Tobacco Organizations and Products (STOP) denunció un incremento en la interferencia de las industrias tabacaleras en los gobiernos. Su principal objetivo es ampliar la aceptación de los productos electrónicos de tabaco y ocultar los daños ambientales tanto de estos como de los cigarrillos tradicionales.

Mary Assunta, miembro del grupo STOP, instó a los gobiernos a seguir el artículo 5.3 del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la OMS. Este artículo insta a limitar las interacciones con las tabacaleras y a mantener la transparencia en sus acciones. Assunta ha criticado duramente las estrategias de RSE de la industria tabacalera, considerándolas insuficientes ante el costo devastador de los daños que causan, la pérdida potencial de ingresos fiscales para los gobiernos y los considerables beneficios económicos de estas empresas.

La lucha contra el tabaquismo es una batalla multifacética que requiere la colaboración de gobiernos, organizaciones de salud pública y la sociedad en su conjunto. La responsabilidad ética de la industria tabacalera en esta problemática es innegable, y su compromiso con la salud pública debe ser evaluado con rigor y transparencia. La evidencia científica es clara: el tabaco es una amenaza para la salud humana y el desarrollo global, y su control debe ser una prioridad para todos los actores involucrados.

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